El tirano y el arzobispo
Por Cristobal G. Duarte Miltos y Fernando R. M. Estévez.
El general Juan Domingo Perón, en su viaje al exilio a España luego de haber sido derrocado como presidente de Argentina, hizo una escala en Santo Domingo y le dio a Trujillo, presidente de esa nación, el siguiente consejo: “Cuídese de los curas, generalísimo. No fueron los obesos oligarcas ni los militares los que me echaron; fueron los cuervos.”
El general Alfredo Stroessner nació el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, hijo de un inmigrante alemán cervecero y de madre paraguaya. Siguió la carrera militar y actuó en la guerra del Chaco. Asumió la presidencia de la República en 1954 por un golpe militar y, mediante la proclamación de constituciones en 1967 y 1977, se mantuvo en el poder. Con el apoyo del ejército y el Partido Colorado gobernó en forma dictatorial. Su gobierno se caracterizó por la violación de los derechos humanos. Participó del Plan Cóndor. No había libertad de prensa ni de expresión. Eran comunes los apresamientos de los opositores, las torturas y muertes en dependencias policiales, las desapariciones y el exilio. Dio protección a nazis criminales de guerra.
Monseñor Ismael Rolón nació en Caazapá el 24 de enero de 1914, el quinto de 13 hijos, de padre militar y madre paraguaya. Por la profesión de su padre se mudaron a Asunción, donde ingresó en el Salesianito. Su padre quería que siguiera la carrera militar, pero él se decidió por el sacerdocio. En 1927 ingresó al seminario de los padres salesianos. En 1932 hizo sus votos temporales. En 1935 obtuvo una beca para realizar estudios en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma; se trasladó a Córdoba en 1938. El 23 de noviembre de 1941 fue ordenado sacerdote y el 11 de enero de 1942 celebró su primera misa en Asunción. Entre los años 1943 y 1960 formó parte del personal educativo del Colegio Monseñor Lasagna de Asunción.
Por Bula del Papa Juan XXIII, el 2 de agosto de 1960 fue creada la Prelatura de Caacupé y el padre Rolón fue designado para ocuparla. El 25 de junio de 1967, por Bula del Papa Pablo VI, fue erigida a Diócesis la Prelatura de Caacupé, recibiendo el padre Rolón la investidura episcopal.
En esa época las relaciones entre la Iglesia y el Estado se basaban en el Patronato Nacional, que hacía a la Iglesia dependiente del Estado para su economía, y la ciudadanía debía obedecer a las autoridades constituidas como condición de estabilidad de la nación. Pero dos acontecimientos cambiaron totalmente la situación: el Concilio Vaticano II (1962-1965), que trajo a la Iglesia a los tiempos presentes, y el encuentro de Medellín, Colombia (1968), sobre cómo aplicar en Latinoamérica lo acordado en el Vaticano II.
La figura estelar en las procesiones de la Virgen solía ser el presidente de la República. Él era quien iniciaba y cerraba la procesión portando la imagen; nada se desarrollaba hasta que estuviera presente. El obispo ocupaba un segundo lugar. Todo cambió con Monseñor Rolón. Él pasó a presidir la ceremonia: las procesiones y la misa comenzaban de acuerdo con lo programado, en consideración a los fieles, sin importar si hubiera llegado o no el presidente de la República, quien junto a su comitiva pasó a ocupar el lugar que le correspondía.
Por aquel entonces habían recrudecido en Asunción las violencias del gobierno contra la Iglesia. Monseñor Rolón decidió suspender la procesión de la Virgen del 8 y 15 de diciembre de 1969, siendo reemplazada por un Gran Acto Penitencial. Sin duda, la supresión de la procesión de la Virgen de Caacupé fue uno de los gestos más simbólicos que utilizó la Iglesia para sentar su postura ante el régimen. Esa procesión religiosa, realizada cada 8 de diciembre, constituía el punto culminante de la máxima fiesta religiosa y popular del país. Tradicionalmente era encabezada por el presidente de la República y otras autoridades nacionales, quienes demostraban así su fidelidad católica ante el pueblo, con toda la carga política que ello implicaba. En 1969, la peregrinación y fiesta de Caacupé adquirió una significación especial: la procesión fue reemplazada por un acto penitencial.
En Barrero Grande, el padre Quiñonez fue apresado y el comisario fue excomulgado por haber abofeteado al sacerdote el 19 de marzo de 1970. Cualquier manifestación de protesta era disuelta por la policía a garrotazos. Aumentaron así los enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado.
Debido al estado avanzado de edad y la precaria salud del arzobispo de Asunción, Monseñor Mena Porta, era necesario sustituirlo, y se eligió para ello a Monseñor Rolón, quien tuvo que mudarse a Asunción, siendo recibido en la Catedral el 19 de julio de 1970.
De acuerdo con la constitución vigente entonces, el arzobispo de Asunción era miembro nato del Consejo de Estado, un cuerpo consultivo similar a un poder legislativo, y Monseñor Rolón debía jurar como tal el 27 de enero de 1971.
Una vez en Asunción, ocupando el arzobispado, el padre Rolón realizó las usuales visitas protocolares al presidente de la República, General Alfredo Stroessner, y a los miembros de su gabinete. Pero pronto dio muestras de su independencia. Las administraciones anteriores se habían acomodado al Estado con asistencias a actos oficiales, inauguraciones, bendiciones de nuevas obras y sesiones del Consejo de Estado. A Monseñor Rolón, sin embargo, se le presentó un caso de conciencia:
“Frente a la situación de crecientes abusos y patentes violaciones de los derechos humanos más elementales… no es justo ni razonable que mi presencia en el Consejo de Estado en estas circunstancias pueda ser interpretada por el pueblo y sobre todo por los fieles como aprobación del actual estado de cosas, o como dependencia de la acción de la Iglesia de los poderes civiles, o como la aprobación lisa y llana de todo lo que se dictamine en este Consejo. En este sentido, le ruego, señor presidente, quiera excusar mi inasistencia a las reuniones del Consejo mientras las reclamaciones básicas que la Iglesia ha hecho llegar al gobierno no sean objeto de la debida consideración.”
El mensaje de Navidad, que hasta entonces daban juntos el arzobispo de Asunción y el presidente de la República desde el Palacio de Gobierno, pasó a impartirlo solo Monseñor Rolón desde el arzobispado. Por estar en desacuerdo con el Consejo de Estado en algunas de sus decisiones, Monseñor Rolón fue tildado de comunista.
La tensión entre la Iglesia paraguaya y el régimen de Alfredo Stroessner alcanzó momentos críticos durante las décadas de 1970 y 1980. Uno de los incidentes que marcó el inicio de una etapa de fuerte confrontación fue la desaparición, el 27 de febrero de 1971, del sacerdote uruguayo Uberfil Monzón, invitado por Monseñor Bogarín. Tras intensas averiguaciones se supo que el sacerdote estaba detenido por supuestas actividades comunistas. Cuando representantes de la Iglesia uruguaya llegaron a Asunción para interiorizarse del caso, fueron atacados por un grupo de mujeres policías, obligándolos a regresar a Montevideo. Este episodio motivó a Monseñor Rolón a convocar al clero y emitir un decreto de excomunión contra el ministro del Interior, Sabino Montanaro, y el jefe de policía, Francisco Brítez, principales responsables del caso.
El decreto recordaba las consecuencias canónicas de la excomunión: negación de sepultura eclesiástica, prohibición de participación en actos litúrgicos, impedimento de recibir sacramentos y exclusión de indulgencias y oraciones públicas. Este acto sin precedentes profundizó el conflicto con el gobierno. Desde entonces se multiplicaron los actos de protesta y las represalias del régimen. Entre las decisiones eclesiales más significativas estuvieron la supresión del tradicional Te Deum del 15 de mayo, reemplazado por un acto de oración por la patria, y la suspensión de la procesión del 15 de agosto en honor a la Virgen. Varios colegios católicos se negaron también a participar del desfile del 15 de mayo en rechazo a la situación política.
La represión estatal se intensificó en los años 1975-1976, con agresiones a sacerdotes paraguayos, extranjeros y a comunidades campesinas. Las comunidades vinculadas a las Ligas Agrarias Cristianas fueron objeto de persecución intensa. Un caso emblemático fue el de la comunidad de San Isidro de Jejuí, en San Pedro, atacada el 8 de febrero de 1975 por una fuerza militar comandada por el teniente coronel José F. Grau, bajo la acusación de ser un “campamento comunista guerrillero”.
Durante la incursión, los militares hirieron al sacerdote Braulio Maciel y arrestaron a Monseñor Roland Bordelon, obispo estadounidense vinculado a Cáritas, así como a Kevin Cahalan, representante de Catholic Relief Service. Los hombres de la comunidad fueron apresados y trasladados a Asunción, mientras que mujeres y niños quedaron cercados por meses, sufriendo saqueos sistemáticos: desaparecieron dinero donado por Cáritas, animales, cosechas, herramientas y pertenencias. Finalmente, las viviendas fueron destruidas, los campesinos expulsados, y el Instituto de Bienestar Rural transfirió las tierras a Ramón Matiauda, pariente del dictador. La experiencia comunitaria y agrícola de Jejuí quedó totalmente desmantelada. Luego de la caída del régimen se descubrieron en las zonas de las cordilleras tumbas de desaparecidos.
El 13 de enero de 1976 el gobierno intervino el Colegio Cristo Rey, administrado por los jesuitas, lo que estuvo acompañado por allanamientos al Seminario y expulsiones de sacerdotes de esa orden. Estos abusos se sumaron a otros actos contra la libertad de expresión, como el cierre del diario ABC Color, cuyo equipo recibió el apoyo público de Monseñor Rolón mediante una misa celebrada en la Catedral. ABC Color recién reabrió tras la caída del régimen.
En 1976, el jefe de Investigaciones del régimen stronista lanzó una operación para desarticular a los grupos de las Ligas Agrarias en el interior del país. Para ello envió a Misiones a uno de sus torturadores más temidos, Camilo Almada (Sapriza), quien instaló su base en Abraham Cue, San Juan Bautista. Desde allí inició una represión masiva conocida históricamente como la Pascua Dolorosa, que se extendió hasta septiembre de ese año. Más de 600 personas fueron detenidas y sometidas a torturas sistemáticas.
La represión incluyó actos de extrema crueldad. La Comisión Nacional de Rescate y Difusión de la Historia Campesina registró casos emblemáticos: Albino Vera, asesinado a garrotazos tras ser atado a un cocotero lleno de espinas que se incrustaron en su cuerpo; Silvano Ortellado Flores, degollado frente a sus hijos luego de que su casa fuera ametrallada. Al menos 20 campesinos fueron ejecutados, y nunca se determinó cuántos desaparecieron. Hubo familias completamente aniquiladas y comunidades devastadas tanto económica como espiritualmente.
Ante la gran cantidad de detenidos, el régimen reabrió el campo de concentración de Emboscada, donde se hacinaron unas 1.500 personas, incluyendo familias completas con abuelos, padres e hijos. Los niños pequeños fueron los más afectados, especialmente aquellos que quedaron con un solo progenitor o que perdieron a ambos. Se destaca el caso de Madrona López de López, cuyo esposo fue asesinado por los hombres de Almada. Tras su detención, sus ocho hijos quedaron abandonados; siete fueron recuperados cuando ella salió de prisión, pero el más pequeño, de apenas seis meses, desapareció para siempre.
En 1979 el régimen comenzó a liberar a los prisioneros, pero al regresar a sus comunidades sufrieron nuevas persecuciones, lo que obligó a muchos a convertirse en migrantes permanentes para sobrevivir. El año 1976 quedó marcado como uno de los más terroríficos de la dictadura, pese al contexto de bonanza económica.
Ante la magnitud del desamparo que sufrían los presos políticos y sus familias, la Iglesia Católica se unió a las iglesias protestantes Discípulos de Cristo y Evangélica del Río de la Plata para formar, en junio de 1976, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), organización que se convirtió en un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura.
En 1984 la Iglesia volvió a chocar con el gobierno cuando Waldino Lovera, dirigente del MOPOCO, buscó refugio en la Catedral huyendo de la policía. Rolón lo protegió y expulsó a los agentes que intentaron detenerlo. La situación generó fricciones incluso con el Nuncio Apostólico. Finalmente, gracias a gestiones de Monseñor Mayans, Lovera obtuvo un salvoconducto. Poco después, en 1987, el gobierno clausuró la radioemisora Ñandutí, en otro golpe a la libertad de prensa.
El descontento social comenzó a expresarse de manera masiva. El 30 de octubre de 1987, más de 40.000 personas marcharon hacia la Catedral, donde fueron recibidas por Monseñor Rolón en una demostración multitudinaria contra el miedo impuesto por la dictadura.
Un punto de inflexión ocurrió en mayo de 1988 con la visita del Papa Juan Pablo II. A pesar de la tensa relación entre Iglesia y Estado, el Papa realizó varias actividades en distintos puntos del país. La audiencia que mantuvo con sectores sociales críticos al régimen irritó profundamente al gobierno, que intentó cancelarla; Juan Pablo II llegó a advertir que, de hacerlo, anularía su visita. Finalmente, la reunión se desarrolló sin la presencia de las autoridades. Durante el viaje, el Pontífice canonizó al jesuita paraguayo Roque González de Santa Cruz, junto con Juan del Castillo y Alonso Rodríguez. Analistas sostienen que la visita papal aceleró el desgaste del régimen, que caería al año siguiente.
En ese mismo 1988 el conflicto se agravó por la detención y expulsión del país del jesuita Juan Antonio de la Vega, acusado de subversión tras dar una conferencia sobre Teología de la Liberación a estudiantes de la Universidad Católica. En protesta, Monseñor Rolón suspendió los actos religiosos del 15 de agosto y el Te Deum presidencial.
El 6 de agosto se realizó la segunda marcha del silencio, con más de 40.000 participantes. “El silencio que reinó en el centro de Asunción en una tarde reciente fue como la explosión de un relámpago.” Aunque la movilización se desarrolló pacíficamente, al finalizar un grupo de asistentes entonó “Patria Querida” y repartió panfletos, lo que desencadenó una violenta represión policial. Rolón lamentó que se hubiera aprovechado un acto religioso para acciones políticas, pero las tensiones siguieron aumentando.
Otros conflictos incluyeron la sanción canónica de Ramón Aquino, figura del partido oficialista, por ofensas a Monseñor Maricevich. La situación entre la Iglesia y el régimen se volvió cada vez más tensa, mientras el malestar popular crecía, agravado por la crisis económica y el deterioro de la salud de Stroessner. Finalmente, en febrero de 1989 estalló la revolución que depuso al dictador, quien partió al exilio en Brasil. Asumió la presidencia el General Andrés Rodríguez. Con el fin de la dictadura comenzó un período de mayor apertura y de relaciones mucho más armoniosas entre la Iglesia y el Estado.
Stroessner murió en Brasilia el 16 de agosto de 2006, tras 17 años de exilio.
Monseñor Rolón presentó su renuncia al cumplir 75 años, según las normas del Vaticano, asumiendo el título de arzobispo emérito. Falleció el 8 de junio de 2010, a los 96 años, tras haber sido una de las figuras más influyentes en la resistencia eclesial al régimen.
Referencias
Rolón, Ismael, Monseñor. No hay camino… ¡Camino se hace al andar! Editorial Don Bosco, 1991.
Neri Farina, Bernardo. Paraguay y la Sombra de Stroessner. Fascículos 5, 9, Última Hora, 2025.
